Un duro informe de la FAM revela una caída del 11% en los recursos coparticipables y el cierre de 22.000 empresas. Los intendentes denuncian que la Nación no envía alimentos desde hace dos años.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) presentó una radiografía devastadora sobre la situación de los gobiernos locales ante el Ministerio de Economía. En el documento, los jefes comunales alertan que la actual «asfixia financiera» pone en riesgo la paz social en las provincias, proyectando un escenario de catástrofe si no hay respuestas inmediatas.
La crisis fiscal en el norte argentino se ha profundizado drásticamente en el primer trimestre de 2026. Según los datos oficiales de la federación, la coparticipación federal sufrió una retracción real del 11%, lo que sumado a la quita de subsidios al transporte y la energía, ha dejado a los municipios tucumanos con una capacidad operativa mínima. La infraestructura pública y los servicios básicos se ven resentidos por la falta de inversión, mientras los costos de mantenimiento se disparan.
Un punto crítico del reclamo es el destino de los 3,5 billones de pesos que el Gobierno Nacional acumuló mediante el Impuesto a los Combustibles. Los intendentes denuncian que ese dinero se retiene en las arcas centrales sin traducirse en obras viales ni en alivio para el precio del gasoil, motor fundamental de la producción agroindustrial de nuestra región. Esta parálisis económica ya se cobra víctimas en el sector privado: el informe confirma el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país, impactando de lleno en el empleo y el consumo local.
En el ámbito social, los municipios enfrentan una presión sin precedentes. La demanda de asistencia en comedores barriales se incrementó un 100%, pero los jefes comunales aseguran con indignación que «no llegó ni un paquete de arroz» por parte de la Nación desde 2024. La vulneración de derechos alcanza también a los sectores más frágiles: miles de jubilados han perdido su cobertura de medicamentos y se registran quitas masivas de pensiones por discapacidad, obligando a las administraciones locales a intentar cubrir baches presupuestarios imposibles de saldar en soledad.
Para revertir este panorama, la FAM solicitó una mesa de trabajo permanente que garantice la normalización de los recursos nacionales y la restitución de las políticas de contención para los sectores más castigados por el ajuste.
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